Un tribunal de apelaciones de Missouri dictaminó el martes que un tribunal inferior tenía razón cuando decidió anular la condena por asesinato de una mujer que pasó 43 años tras las rejas por un asesinato que, según sus abogados, fue cometido por un oficial de policía desacreditado.
Sandra Hemme fue liberado en julio mientras se revisaba la decisión de revocar su condena, ante la insistencia del Fiscal General Andrew Bailey, quien argumentó que ella debería permanecer en prisión.
La jueza presidenta Cynthia Martin escribió en el mordaz fallo de 71 páginas que algunos argumentos planteados por la oficina de Bailey rayaban “en lo absurdo”. Dio a los fiscales 10 días para volver a presentar cargos.
HG Biggs / The Kansas City Star vía AP, Archivo
“Es hora de que termine este error judicial”, dijeron los abogados de Hemme en un comunicado tras el fallo del Tribunal de Apelaciones del Distrito Oeste de Missouri.
Hemme había sido la mujer encarcelada injustamente por más tiempo conocida en Estados Unidos, según su equipo legal en Innocence Project.
Una portavoz de Bailey no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press en busca de comentarios.
Hemme estaba siendo tratada con fuertes dosis de medicamentos antipsicóticos cuando la interrogaron por primera vez sobre el asesinato en 1980 de Patricia Jeschke, trabajadora de la biblioteca de 31 años en St. Joseph. Uno de los abogados de Hemme, Sean O'Brien, comparó las drogas con una “camisa de fuerza química” en una audiencia en octubre y dijo que plantearon dudas sobre su confesión final.
“Eso la hace dócil”, dijo. “Eso la hace susceptible a la susceptibilidad”.
O'Brien también describió la evidencia retenida que apuntaba a Michael Holman, un ex oficial de policía que murió en 2015. La evidencia mostró que la camioneta de Holman fue vista afuera del departamento de Jeschke, que intentó usar su tarjeta de crédito y que sus aretes fueron encontrados en su casa.
El fallo del tribunal de apelaciones dijo que el expediente “sugiere firmemente” que la policía enterró su investigación sobre Holman.
A la misma conclusión se llegó en junio cuando el juez Ryan Horsman del condado de Livingston anuló su condena. Encontró que el abogado de Hemme había establecido “pruebas claras y convincentes” de “inocencia real”.
Pero Bailey pidió al tribunal de apelaciones que revisara esa decisión, argumentando que Horsman se había excedido en su autoridad y que Hemme no presentó pruebas suficientes sobre algunas de sus afirmaciones.
Lo que siguió fue una pelea de un mes sobre si debía ser liberada mientras se llevaba a cabo esa revisión. Un juez de circuito, un tribunal de apelaciones y la Corte Suprema de Missouri acordaron que Hemme debería ser liberada, pero ella todavía estaba tras las rejas mientras Bailey argumentó que todavía tenía tiempo para servir en casos de asalto a prisión que databan de décadas de antigüedad.
Hemme salió libre sólo después de que Horsman amenazó con acusar de desacato a la oficina del fiscal general.
En la última audiencia celebrada en octubre, Andrew Clarke, fiscal general adjunto, enfrentó duros interrogatorios.
Uno de los jueces del tribunal de apelaciones expresó especial preocupación por lo que sucedió cuando no se pudo descartar que Holman, el desacreditado oficial de policía, fuera la fuente de una huella de palma detectada en un cable de antena de televisión encontrado junto al cuerpo de la víctima.
El FBI pidió huellas más claras, pero la policía no dio seguimiento. Los jurados nunca se enteraron de esa ni de otras pruebas porque la policía nunca informó a los fiscales.
“El tribunal”, dijo Clarke en respuesta a preguntas sobre la importancia de las pruebas suprimidas, “tiene que considerar cuál es su valor en un juicio futuro, cómo se vería. Y si socava la confianza en el veredicto anterior”.
Clarke sostuvo que algunas de las pruebas en cuestión podrían no haber cumplido con los requisitos para ser presentadas ante el tribunal, un argumento que los jueces cuestionaron.
Bailey tiene un historial de lucha contra casos de condenas anuladas. En julio, un juez de circuito de St. Louis anuló la condena por asesinato de Christopher Dunn y ordenó su liberación inmediata. Entre las pruebas clave utilizadas para condenarlo por asesinato en primer grado se encontraba el testimonio de dos niños que luego se retractaron, diciendo que habían sido coaccionados por la policía y los fiscales.
Bailey apeló para intentar mantener a Dunn encerrado antes de que finalmente fuera liberado.
